El Plan de Alfabetización Simón Rodríguez, conocido como la “Misión Robinson”, cumple este 1° de julio su séptimo año de gestión pública educativa en todo el territorio venezolano.
La nueva ministra del Poder Popular para la Educación, Jennifer Gil Laya, manifestó que la formación primaria, diversificada, así como la universitaria, constituyen “un derecho y deber social fundamental”, por lo que no debe considerarse como “una mercancía” para recibir ganancias. Así lo manifestó la titular de esta cartera durante el programa Despertó Venezuela que se transmite por Venezolana de Televisión.
A través del método audiovisual cubano, “Yo sí puedo”, la Misión Samuel Robinson, consiguió que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), declarara a Venezuela como territorio libre de analfabetismo el 28 de octubre de 2005. Para que esta organización mundial avale esta categoría, al menos el 96% de la población de un país, mayor de 15 años, debe saber leer y escribir.
Por ello, tal día como hoy, pero en el año 2003, el Gobierno Nacional que conduce el Presidente Hugo Chávez Frías, decidió crear un programa que garantizara el acceso a la educación pública y gratuita.
Con relación a las metas del milenio en materia de educación primaria, la ministra Laya aseguró que Venezuela se encuentra “en una posición envidiable”, gracias a la ejecución de políticas sociales en ese ámbito.
Al menos 2 millones de venezolanas y venezolanos no contaban con este derecho social, puesto que vivieron por más de 50 años el bipartidismo de Acción Democrática y Copei, cuyas directivas acaudillaron la historia política del país.
REVISIÓN A LA EDUCACIÓN PRIVADA
“Hay toda una situación con las unidades educativas privadas” , expresó la titular del Ministerio para la Educación, al hacer referencia a las costosas mensualidades y cuotas de inscripción que impone ese sector en sus planteles.
Al respecto, Gil Laya agregó que el MPPE está en la obligación de revisar sí “parte de ese aumento” cancelado por “todos los padres y representantes, van destinados al pago de los incrementos salariales”, así como el cumplimiento de sus compromisos con los profesores y profesoras que laboran en esos planteles. Igualmente, mencionó que para accionar ante este tipo de situaciones, es fundamental comprender la importancia de la Ley Orgánica de Educación, promulgada en el año 2009.
Finalmente, Gil Laya alegó que la cartera de Educación está “tratando de diseñar resoluciones conjuntas» que permitan evidenciar la transparencia de los procesos en las unidades escolares privadas. En ese sentido, precisó que “sean las asambleas” de madres, padres y representantes quienes “fijen, en conjunto con las directivas privadas, cuál va a ser el monto” de las mensualidades y matriculas para los años 2010 y 2011.