Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano, señaló que el “sacudón” de 1989 develó “la crisis social que existía en el país producto de los gobiernos de Acción Democrática y de Copei”.
Recordó que en ese momento la pobreza afectaba al 70% de la población: “La gente tenía un salario mínimo que no le alcanzaba, la inflación llegaba a 136%. La gente en los barrios no tenía trabajo”.
Apuntó que la crisis era consecuencia “de la mala administración del Estado venezolano, donde el 60% del presupuesto nacional se utilizaba para pagar los préstamos solicitados al Fondo Monetario Internacional”.
Durante una conversación que sostuvo con el Correo del Orinoco señaló que durante el estallido social de 1989 se reprimió de forma brutal a la población: “Sacaron de inmediato al ejército a la calle porque eso era lo primero que sucedía en esos gobiernos. Cuando había cualquier movimiento en contra de la situación económica, sacaban a la policía y sacaban al ejército”.
Recordó que ante la gravedad de la situación, el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales.
Los soldados cumplían el servicio militar en el ejército “y no estaban entrenados debidamente”.
Los militares dispararon a mansalva a los edificios y a los habitantes, contó, con el saldo de muchos fallecidos: “Hay un número indeterminado de muertos. Se calcula que hay más de mil muertos, pero el gobierno de la época solo reconoció 263. La situación fue realmente grave”.
CRÍTICAS A LAS ONG
“Ninguna de las 10 organizaciones de derechos humanos que existían para aquella época no se atrevieron a llevar ese caso, a denunciar ese caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, recalca Saltrón.
Comentó que no fue sino hasta marzo de 1995 cuando los hechos fueron denunciados ante el organismo internacional: “Liliana Ortega, quien es abogada, conformó con los familiares de las víctimas una ONG que se llama Cofavic. Y el caso lo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995”.
Saltrón indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en vez de abrir las investigaciones inmediatamente, archivó el expediente: “Se hicieron la vista gorda de esa situación y esperaron a que el presidente Chávez tomara el poder en 1999 para sacar el caso del Caracazo y obligar al presidente Chávez a asumir la responsabilidad de esa violación, hechos que no ocurrieron durante su periodo”.
Destacó que 10 años después del Caracazo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió la sentencia.
El agente del Estado reprocha que durante el Puntofijismo las organizaciones no gubernamentales no denunciaran las violaciones de derechos humanos: “Solamente tres denuncias se hicieron durante 40 años (ante la CIDH). En cambio, desde que el presidente Chávez llegó al gobierno, en 15 años han presentado 136 casos en la Cidh, cuando en estos 15 precisamente se han respetado los derechos humanos”.
Resaltó que durante la Cuarta República solo existían 10 ONG de derechos humanos, mientras que en la actualidad hay más de 100. Atribuyó este incremento a que al parecer estas organizaciones están financiadas por el gobierno estadounidense: “La excusa para promover los golpes de Estado de forma continuada es la violación a los derechos humanos. Hay una campaña internacional ante los organismos de derechos humanos, como la Cidh y la CorteIDH, y las Naciones Unidas. Nos quieren hacer aparecer como violadores de derechos humanos para justificar la invasión, para justificar el golpe de Estado”.
CUMPLIMIENTO
Sobre la sentencia que emitió la CorteIDH, enfatizó que el Estado venezolano ha cumplido con las indemnizaciones: “Después la Defensoría del Pueblo abrió también una nueva investigación y se incorporaron a otros familiares de las víctimas, y también han sido indemnizados”.
En cuanto a los responsables de la masacre, recordó que se emitieron autos de detención contra el exministro de Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, quien activó el Plan Ávila por orden del expresidente Carlos Andrés Pérez; el exgobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, y el excomandante de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, Gonzalo Bajares Colmenares: “Están fuera del país y por eso no han sido detenidos”.
Sentenció “que el Estado venezolano ha cumplido totalmente con todo lo exigido por la sentencia de la CorteIDH”.
Con respecto a la sugerencia de varias ONG, en cuanto a que el Estado venezolano reconsidere la salida de Venezuela de la CorteIDH -que se concretó en septiembre de 2013- Saltrón fue enfático al señalar que el país debía que salirse de este organismo.
“Teníamos que salirnos porque ese es un organismo, que en complicidad con la Cidh, se hizo la vista gorda”, con respecto a la violación de derechos humanos durante la Cuarta República.