En la mayoría de los países de América Latina existe la preocupación por el futuro de las personas adultas mayores, bien por razones de políticas públicas o por motivaciones políticas.
En ambos casos, la idea principal es ampliar la cobertura de las personas amparadas por la seguridad social para impedir que en la vejez sufran los avatares de la pobreza.
Por supuesto, nadie niega que los factores políticos que están en el poder traten de atraer la simpatía de ese importante sector de la población, que en su mayoría participa en los procesos electorales.
Leyendo materiales sobre el tema encontramos que Bolivia ostenta el liderazgo en la pensión universal, puesto que el aseguramiento formal es apenas del veinte por ciento (20 %), mientras que la Renta Dignidad se le otorga al 97 % de las personas sin pensión con solo el requisito de tener 60 años de edad.
La mayoría de los países otorga pensiones no contributivas tomando como referencia la pobreza, de personas o familias que no cuentan con el ingreso mínimo de subsistencia.
En el caso venezolano, la Misión Amor Mayor optó por esta definición, teóricamente aceptable pero que en la práctica no ha cumplido con esos parámetros.
Otros países han elegido otorgar la pensión no contributiva a aquellas personas que no tienen pensión, partiendo del criterio que ellos han trabajado en áreas en las que no cotizaron al seguro social, en la economía informal, en las áreas rurales y en labores familiares.
En estos casos, la edad promedio para acceder al beneficio es de 65 años.
Uno u otro método va en la lucha contra la pobreza. Beneficiar las personas que aún no tienen pensión, los que accedan por la vía regular de las cotizaciones y otros por la pensión universal,