El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó al Gobierno de Paraguay a investigar la masacre de Curuguaty ocurrida en junio de 2012. La instancia llamó la atención ante asesinatos, torturas y abusos en la nación suramericana.
En un informe publicado la víspera, el Comité destacó que “hay que asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty, así como todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas”.
La ONU expresó preocupación por las alegaciones de irregularidades en el accionar del Ministerio Público, de la Justicia, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento de una finca en Curuguaty, departamento de Canindeyú (este) en junio del 2012.
«En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados», señaló la instancia de las Naciones Unidas.
La muerte de seis policías y 11 ocupantes de un predio rural en Paraguay en junio pasado desencadenó la destitución del presidente Fernando Lugo, por parte del Congreso. La separación del poder fue considerada como un golpe parlamentario por gobiernos de la región.
En el documento el organismo de la ONU también solicitó al Gobierno paraguayo investigar y esclarecer el asesinato de los dirigentes campesinos Vidal Vega y Benjamin Lezcano, fallecidos el 1 de diciembre pasado y el 19 de febrero de este año respectivamente.
“El Comité está preocupado por los altos índices de agresiones, violencia y homicidios en contra de los defensores de derechos humanos, particularmente en el caso de los campesinos e indígenas. En este sentido, el Comité expresa su preocupación por los recientes homicidios”, agregó.
Igualmente, consideró preocupante los índices de abusos sexuales y violación de mujeres y la falta de legislación adecuada con excepciones para el aborto cuando el embarazo es producto de esos ataques.
El organismo consideró que el Estado paraguayo debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel de escuelas públicas y privadas sobre el uso de anticonceptivos y derechos a la salud sexual y reproductiva.