La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sostuvo que el Estado actual es respetuoso de la vida, de los derechos humanos y amante de la paz, «en este Estado no pueden ocurrir esos hechos». Se refirió a los sucesos del 27 de febrero de 1989, más conocido como El Caracazo.
Entrevistada en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, señaló que este caso, ocurrido durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (Acción Democrática), no está cerrado. «Luego de la masacre de nuestros aborígenes, esta es la segunda masacre más grave y mayor que ha vivido nuestro país en toda su historia», agregó.
Sentenció que ese día se violaron los derechos humanos, se persiguió, se allanó a todas las personas y se estigmatizó al pueblo como saqueador para ocultar la verdad y desaparecer pruebas, refirió.
Dijo que el abandono sobre este suceso se perdieron muchas pruebas. Recordó que hace dos años se recuperaron los lineamientos del Plan Ávila, el cual ordenaba desplegar a las Fuerzas Armadas con armas de guerra para reprimir al pueblo.
Sobre las exhumaciones enfatizó: “Estamos haciendo los estudios técnicos para ver si hay algún otro sitio donde tengamos que exhumar”, informó Ortega Díaz. Las evaluaciones se llevan a cabo en el Cementerio General del Sur y en otros espacios.
Se piensa que hay gente enterrada en diferentes lugares. “Algunos elementos nos permiten presumirlo”, apuntó la funcionaria.
Producto del manejo que se hizo del caso en ese momento, “se perdieron muchas pruebas, se perdieron los restos de las víctimas. Se quiso invisibilizar, se quiso esconder, se quiso tapar ese hecho y mostrar como que no había ocurrido nada en el país”, cuestiona la fiscal. Por eso “muchas personas todavía están buscando sus deudos”. Hasta que no se salde la deuda, el caso debe seguir abierto.
Cabe destacar que el Ministerio Público individualizó los restos extraídos de la fosa común de La Peste, y se tomaron muestras de ADN para poder hacer las comparaciones respectivas.