El grupo de parlamentarios de ultraderecha de Chile que consiguió la aprobación de su congreso para venir a Venezuela como “observadores a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre”, insisten en venir a Venezuela con el mismo fin.
A pesar de no contar con la autorización ni la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y en una clara muestra de soberbia, el legislador democristiano, Patricio Walker, aseguró que, a pesar de la decisión del CNE, “igual va a ir una delegación de senadores chilenos para verificar que no haya fraude en esa elección”.
Walker dijo que enviarían observadores a Venezuela, “porque es un acuerdo ya adoptado, le guste o no al Gobierno del Presidente Chávez”.
De esta manera, desconoce una decisión soberana del Poder Electoral venezolano y hace caso omiso a los pronunciamientos de la Asamblea Nacional que ayer rechazó en plenaria la injerencia en asuntos venezolanos de los diputados pinochetistas.
Asimismo, medios internacionales informaron que el senador Andrés Allamand, del partido derechista, Renovación Nacional de Chile, anunció, en un tono no menos arrogante, que solicitará a la Cancillería de ese país “que tome cartas en el asunto”.
A su juicio, la declaración soberana e independiente del CNE, “es un agravio al Senado chileno y en consecuencia se convierte en una materia de carácter institucional que afecta las normales relaciones de Venezuela y Chile”.
Ayer los parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, condenaron la injerencia en los asuntos internos del Gobierno Bolivariano de Venezuela por parte de senadores de la derecha chilena, quienes pretenden venir al país para cuestionar la transparencia de las elecciones venezolanas y rechazaron el acuerdo en contra de la democracia venezolana.
Además, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ratificó que los parlamentarios chilenos están inhabilitados para ejercer como observadores en las elecciones parlamentarias venezolanas, ya que el acompañamiento internacional y la observación es una potestad del Poder Electoral inherente al ejercicio soberano «y por tanto, ningún poder extranjero puede inmiscuirse sin que ello constituya una amenaza a la soberanía».
Lucena indicó que el Poder Electoral tramitará ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, la formalización de una protesta ante al Estado Chileno y a los demás organismos electorales internacionales.