La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe sobre la solicitud del Ejecutivo para la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, ubicado en la Amazonia, que debatirá el pleno del órgano legislativo, reportó este miércoles Prensa Latina.
En agosto pasado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostuvo que la anulación del proyecto Yasuní-ITT fue una «durísima decisión» que fue tomada tras la falta de compromiso de los países industrializados en avanzar hacia un desarrollo cónsono con el medio ambiente.
El proyecto Yasuní-ITT, cancelado oficialmente hace un mes, tenía el objetivo de reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) y acordar una solución para el cambio climático desde la nación ecuatoriana, evitando la explotación petrolera a cambio de una compensación económica por parte de las potencias más contaminantes del planeta.
El texto que discutirá la Asamblea contiene 16 puntos y fue admitido con ocho votos a favor y tres en contra, destaca un comunicado del Parlamento.
Entre los temas que aborda el informe está el área intervenida, sobre la cual señala que la Asamblea Nacional declara de interés la operación de los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil de la totalidad del Yasuní, que cubre unas 982.000 hectáreas de la Amazonia ecuatoriana. Es decir, se prevé la explotación de un área no mayor de 982 hectáreas.
Hace un mes, el presidente Correa anunció la modificación del decreto número 74, del 15 de agosto de 2013, que permitía la explotación del 1% del Yasuní (9.820 hectáreas), en la que se establece la reducción del área a explotar.
En este contexto, la Función Ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos de las actividades extractivas autorizadas sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní, indica el comunicado citado por Prensa Latina.
Además, ratifica el planteamiento del Gobierno Nacional de que estos recursos servirán para el cambio de la matriz productiva y construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud.
Asimismo, deberán servir para un pacto territorial que permita atender en forma prioritaria a los habitantes de las provincias amazónicas, pueblos y nacionalidades indígenas, a los gobiernos autónomos descentralizados de esta región y a los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas.
Entre otros puntos, el Gobierno deberá implementar, con la participación de centros de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de indagación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad existente en el Parque Nacional Yasuní, añade el texto.