La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional convocará al gobernador del estado Táchira, Cesar Pérez Vivas para comparecer ante el parlamento por presuntos hechos de corrupción en su jurisdicción, informó este jueves el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño.
«Elaboraremos el cronograma de comparecencia, él (Cesar Pérez Vivas) será llamado a comparecer en la Comisión de Contraloría o en la plenaria para escuchar sus planteamientos, hacerle una serie de preguntas que satisfagan las expectativas que nosotros tenemos para aclarar el caso y solicitar que presente su cargo», explicó Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
El pasado 23 de febrero el diputado Ricardo Sanguino solicitó ante la plenaria de la Asamblea Nacional abrir una investigación a la gobernación del estado Táchira por presuntos hechos de corrupción. Denunció la existencia de una nómina paralela donde se transferían cuantiosas sumas de dinero a funcionarios y no funcionarios de la jurisdicción.
El diputado Carreño comentó que en la comisión de Contraloría se iniciaron las investigaciones para determinar la procedencia del dinero. Dijo que existen hasta ahora 25 ciudadanos implicados, a quienes les depositaban dinero en su cuenta de manera directa.
Mencionó que en la primera denuncia estaban implicados 16 funcionarios, entre los que nombró Henry Calderón Quijano quien recibió 223.973 bolívares, Juan Caser Espeña 360.000 bolívares, Jaime Castro Parado 240.000 bolívares, todas estas cantidades en una sola quincena.
Mientras que Blanca Mora Acevedo, quien fue privada de libertad este pasado miércoles, recibió 470.000 bolívares. «Cuando revisamos estos depósitos nos damos cuenta que no son funcionarios y cobraron en un mes 3.003.593.812 bolívares en 16 personas».
Carreño indicó que Jorge Montilla Monsalve, hijo del director del personal no es funcionario de la gobernación, sin embargo le depositaron en la primera quincena de diciembre 100 mil de bolívares, Yuliana Giraldo tampoco trabaja en la gobernación y recibió en la primera quincena de diciembre 200 mil bolívares.
También, señaló que Carlos Mora Ramírez se le hicieron tres depósitos, dos por 80.000 bolívares y uno por 5.983 bolívares en una misma quincena.
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela explicó que los fondos eran transferidos a la partida 401, destinada para los gastos de inversión de la gobernación, sin embargo, eran pagados en la nómina.
«Cuando revisamos el monto del desfalco a la gobernación por actos de corrupción, donde hay siete ciudadanos detenidos, nos damos cuenta que hasta ahora van 3,5 millones de bolívares».
Recordó que la Asamblea Nacional le aprobó siete créditos adicionales a las gobernaciones para el fortalecimiento y gastos de inversión y el 44,86% de esos créditos, en la gobernación de Táchira lo transfirieron a la partida 401 (gastos personales y nómina).
Durante su participación en el programa, Carreño explicó que esta partida de personal tienen cuentadante, quien firma para la emisión de los cheques y las transferencias bancarias, en este caso es el gobernador del Táchira.
Agregó que cuando un funcionario que fue electo por elección popular y a pesar de que delegue funciones , «él (Cesar Pérez Vivas) sigue manteniendo la responsabilidad administrativa a la luz de la ley que rige la materia».
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Pedro Carreño, informó que están investigando el origen de los recursos para determinar que sean fondos públicos «y si es así, estamos en presencia de lesión al patrimonio de la nación y por lo tanto hay que avanzar en la investigación para presentar responsabilidades de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Corrupción».
Asimismo, le solicitarán al Banco Bicentenario una conciliación bancaria certificada para determinar los montos exactos y proceder a elaborar el cronograma de comparecencias de cada uno de los ciudadanos involucrados. Una vez que se cumpla con este proceso, elaborarán los informes para ser enviada a la plenaria de la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo establecido 224 de la Constitución.
También, pedirán a la Contraloría General de la República imponga las responsabilidades administrativas y el Ministerio Público inicie la imposición de responsabilidades penales a que dieran lugar.
«Nosotros vamos a ahondar en la investigación para determinar las propiedades de los ciudadanos que generaron lesión la patrimonio público, porque hay que resarcir el daño al patrimonio público, ese dinero en algo fue invertido», indicó.