Afectados por las estafas inmobiliarias descubiertas en todo el país, promovidas por diversos consorcios de construcción, pidieron a la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) evaluar algunos de los casos donde se presume la complicidad entre instituciones financieras privadas y las constructoras implicadas para engañar a miles de familias venezolanas.
Entre los bancos mencionados por algunos afectados figuran Sofitasa, Fondo Común y Mercantil, que según las denuncias, han insistido en protocolizar contratos hipotecarios donde las familias compradoras se verían forzados a pagar elevados incrementos por sus viviendas, en comparación con el precio acordado inicialmente con las constructoras.
El mismo llamado, realizado este domingo durante un programa especial sobre estafas inmobiliarias transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), se aplica para supuestos funcionarios de la Misión Hábitat, coordinada en su momento por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, acusados de apoyar los intereses de las empresas estafadoras.
El número exacto de familias afectadas por esta situación aún no se ha precisado, en tanto se presume que muchas no denuncian su situación por miedo a perder la opción de concretar la compra de sus viviendas y el dinero que ya pagaron por concepto de inicial.
Sin embargo, se conocen miles de casos en todo el país, a partir de la información sistematizada mediante la sala situacional instalada, en septiembre pasado, en la sede principal del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), donde la ciudadanía organizada y diversas instituciones del Gobierno comenzaron a canalizar soluciones.
El pasado 31 de octubre, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la expropiación de seis desarrollos urbanísticos, la ocupación temporal de otros ocho y medidas de protección sobre 19 proyectos, a fin de garantizar la propiedad de los comparadores sobre sus viviendas y acelerar las obras inconclusas para entregarlas a sus legítimos dueños.
Entre los ilícitos cometidos por las constructoras sobre estos urbanismos, figura el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otros “métodos” para incrementar el precio de los apartamentos hasta 300%, respecto al precio inicial. Como las familias se han negado a pagar tales incrementos, las constructoras no han cumplido con la entrega de las viviendas.
En otros casos, los proyectos urbanísticos no han pasado de los planos, pese al cobro de las cuotas iniciales a los compradores en las llamadas etapas de preventa.
Los ciudadanos que lideran el movimiento de familias afectadas por las estafas inmobiliarias insistieron en solicitar a las personas que aún no denuncian a confiar en las instituciones del Gobierno que asumieron el problema, y a no firmar, bajo ninguna razón, contratos donde se les incremente el precio de sus viviendas.
Los atrasos en los tiempos de entrega es responsabilidad de las constructoras y se trata de un costo que éstas deben asumir.