El Ministerio Público logró privativa de libertad para Wilmer Tovar (49), Oswaldo Cheremos (30) y Anabel Belisario (27), por su presunta responsabilidad en la desviación y apropiación de fondos destinados a dos consejos comunales en Tucupita, estado Delta Amacuro, a principios de año.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 10º nacional y auxiliar, y 1º auxiliar de esa jurisdicción, Richard Monasterio, Ramón Torres y María Arellano, respectivamente, imputaron a Tovar por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso impropio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Adicionalmente, los representantes del Ministerio Público imputaron a Cheremos y a Belisario por los delitos antes mencionados, en grado de cooperadores necesarios.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En este sentido, el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro, con base en los elementos de convicción expuestos por los fiscales dictó privativa de libertad contra las tres personas.
Así, fijó como lugar de reclusión para Tovar y Cheremos el Retén Judicial de Guasina, mientras que Belisario permanecerá recluida en la comandancia de la policía de dicho estado.
Asimismo, la mencionada instancia judicial acordó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar los bienes de los imputados.
De acuerdo con la investigación preliminar, tanto el consejo comunal Waranoco I como el Isla Misteriosa, correspondientes al municipio Pedernales, recibieron recursos financieros del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), organismo adscrito al Consejo Federal de Gobierno, para la adquisición de peñeros, motores fuera de borda e implementos relacionados con la actividad pesquera.
Posteriormente, Tovar quien trabajaba en el FCI persuadió a los integrantes de los consejos comunales para que le transfirieran los recursos financieros que sumaban 682 mil 755 bolívares.
El objetivo era que el funcionario conjuntamente con Cheremos y Belisario, comprarían los instrumentos para la pesca, cuestión que habría sido incumplida por los ahora imputados.
Tal situación motivó que el 26 de julio varios de los integrantes de los consejos comunales afectados, presentaran la denuncia ante el Ministerio Público.
El 29 de agosto de 2013, luego de un operativo realizado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y coordinado por el Ministerio Público, se logró la aprehensión de Tovar y Cheremos en el centro de Caracas, mientras que Belisario fue detenida en el estado Miranda, en cumplimiento de las órdenes acordadas por el Tribunal 1° de Control de Delta Amacuro.