La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, reafirmó este martes: “Toda persona a la que un tribunal haya dictado sentencia firme y se encuentre en cumplimiento de ella, está inhabilitada políticamente para concurrir a algún tipo de proceso de elección popular”.
Las declaraciones fueron formuladas por la primera magistrada como respuesta a las manifestaciones expresadas por algunas personas que están cumpliendo condena y aspiran postularse a cargos de representación en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre.
Según explicó la magistrada Morales, tal disposición queda determinada desde el momento mismo de la sentencia. “Con una sentencia firme, además de la pena principal, hay penas accesorias que establece el Código Penal, y una de éstas es la inhabilitación política”, puntualizó.
Expresó que la inhabilitación política de una persona sentenciada, para concurrir a algún tipo de proceso de elección popular, es una ”pena accesoria derivada de una sentencia condenatoria”.
La presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, señaló que hay distinción entre las figuras jurídicas de procesados e inhabilitados.
“Cuando hablamos de la inhabilitación administrativa, estamos hablando del tipo de sanción que se establece a través de la Contraloría General de la República, por mandato de la Ley de Contraloría y es producto del análisis de una gestión administrativa de un determinado funcionario, que puede traer como consecuencia una irregularidad, un hecho ilícito y también pudiese llegar a una situación dolosa”, detalló.
Añadió que “ésta es la inhabilitación administrativa, y otra cosa diferente es cuando se trata de la comisión de un delito”.
En la comisión de un delito, una persona es sometida a un proceso penal, con un procedimiento que va desde el control (imputación por el Ministerio Público) hasta el juicio, y en éste se prueba y se produce una primera sentencia de instancia.