El contralor General de la República (CGR), Manuel Galindo Ballesteros, afirmó este viernes que el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobado en segunda discusión por la mayoría parlamentaria, “premia a los deshonestos y promueve la violencia jurídica”.
Durante una rueda de prensa, efectuada en la sede del organismo, señaló que el referido instrumento carece de técnica legislativa, puesto que está redactado con términos confusos, los cuales se alejan del marco constitucional del país.
El también presidente del Consejo Moral Republicano afirmó que las diputadas y los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática pretenden inhabilitar a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción.
«Asumo la responsabilidad de lo que voy a decir: Esta Ley es amoral (…) Los hechos de corrupción deben ser prevenidos, controlados, perseguidos y sancionados”, declaró.
Ballesteros aseveró que el proyecto de Ley de Amnistía viola los Derechos Humanos y cercena los fines del Estado. Al mismo tiempo, aclaró que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la instancia encargada de interpretar las leyes en el país.
Exhortó al pueblo venezolano a leer los artículos 333 y 334 de la Carta Magna, que también consagran las atribuciones del TSJ en la interpretación de los principios constitucionales.
El artículo 29 de la Constitución excluye las violaciones a los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad de cualquier posibilidad de amnistía. Igualmente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene las facultades de vetar el referido instrumento enviándola a la Sala Constitucional del TSJ. «El pueblo soberano también tiene competencias para desconocer cualquier legislación», señaló el contralor.
El director general de Asuntos Jurídicos, Emilio Ramos, argumentó que la Ley de Amnistía pretende “perdonar” las inhabilitaciones, las multas y los reparos, éstos últimos referidos a los daños del patrimonio público causado por omisiones y conductas de un funcionario.