La Asamblea Nacional (AN) amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela al juramentar e incorporar como diputados del Parlamento a candidatos de Amazonas, quienes fueron desincorporados mediante medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así lo manifestó la Procuraduría General de la República, a través de un comunicado.
Al incorporar a Romel Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Ygarza al poder legislativo, la AN está creando peligrosos precedentes contra la inconstitucionalidad del país y la preservación del Estado de Derecho. Así lo sostuvo Reinaldo Muñoz, procurador de la República en rechazo a la juramentación e incorporación de los mencionados ciudadanos como diputados del Parlamento. La acción fue ejecutada por el presidente a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aprobada por la bancada opositora.
Muñoz instó al Parlamento a respetar el Estado de Derecho y que corrija y retorne a la constitucionalidad. “La Asamblea Nacional ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”, agregó el procurador.
Desde la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en Caracas, Nuñoz detalló que dicha acción no tiene efecto jurídico y «constituye un desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales».
Para la Procuraduría General de la República la acción en desacato de una orden judicial hace que la AN se encuentre ilegal e ilegítimamente constituida.
“Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del Poder Público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral”, comentó.
Muñoz recordó que: “el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial”.
Finalmente Sostuvo que la Procuraduría General de la República se mantendrá vigilante en defensa de la constitucionalidad, la legalidad y la protección de los derechos del Pueblo, en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, fiel a los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.