Un grupo de propietarios de la urbanización Montemayor (municipio San Diego -Carabobo), que fue intervenida por el Gobierno Nacional en 2010 por detectar allí una estafa inmobiliaria, solicitaron al Ejecutivo patrio “obligar a la constructora Coyserca a cumplir con los acuerdos establecidos con los afectados”.
Una de las afectadas, Mary Gallego, explicó ayer que a cinco familias no se les ha otorgado el contrato compra-venta de los apartamentos que están ocupando desde julio de 2012. “Comparamos hace seis años, y aún estamos esperando el contrato”.
“Coyserca ahora alega que nosotros invadimos y que debemos salir de donde estamos porque no son los mismos apartamentos que inicialmente adquirimos, pero son de la misma urbanización, e iguales todos. La Fiscalía ha recibido muchas denuncias contra Coyserca y no vemos que se actúe contra esta constructora. Creemos que la Fiscalía debería ayudar a las familias afectadas”, sostuvo.
Gallego presentó ayer en el Ministerio Público “un acta de compromiso en la que las personas que la empresa les vendió ilegalmente apartamentos acordaron sin problemas el intercambio de inmuebles. Estas familias están de acuerdo con que nosotros nos quedemos donde estamos ahora, pues estas se quedarán donde están. Solo esperamos el contrato de compra-venta correspondiente a la reubicación de todos. Más nada, esto está en la Gaceta número 39.777”.