Provea renovó su llamado al Ejecutivo y a las instituciones del Estado para que “detengan el proceso de regresividad y amenaza para los derechos humanos que supone la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de operativos como OLP”.
En un balance difundido ayer, la ONG expuso que “a lo largo de nuestra historia ha quedado demostrado que las políticas de ‘mano dura’ generan más problemas que soluciones”, ya que “se criminaliza la pobreza, se cometen arbitrariedades y no se avanza en la solución del terrible fenómeno de la violencia y la criminalidad”.
Añadió: “En nuestra opinión el OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad”.
A criterio de Provea, “a un mes del OLP afirmamos que el Ejecutivo está echando por tierra todos los esfuerzos y avances surgidos durante el proceso de reforma policial del año 2006 y que fueron materializados a través de la Misión a Toda Vida Venezuela”.
Provea también ratificó su disposición “a contribuir en la construcción de políticas que contribuyan a superar la impunidad, la criminalidad y la violencia en Venezuela, pero sobre todo que contribuyan a fortalecer la garantía y la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos”.
Recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 50 presuntos delincuentes han sido abatidos en enfrentamientos. “La información que suministra el Mpprijp no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos OLP. No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos en OLP sobre presuntas ejecuciones policiales”, indicó Provea.
Más de 4 mil personas han sido detenidas, apuntó, pero “solo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles”, por lo que “90,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos”.