La posibilidad de reducir el número de horas trabajadas a la semana, en lugar de hacer lo mismo con la jornada diaria, es una de las propuestas que ha tomado mayor fuerza en los debates sobre la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), proyecto recientemente asumido por el presidente Hugo Chávez, en función de la habilitante que ejerce actualmente para legislar.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y líder sindical Francisco Torrealba se refirió al tema este miércoles, en entrevista en el programa De Frente, transmitido por Venezolana de Televisión.
«Es un asunto que estamos abordando con la seriedad que eso amerita. No estamos planteando que ahora trabajemos dos horas y descansemos seis, de hecho una de las propuestas que ha tomado mayor fuerza consiste en reducir la jornada laboral en términos de las hora/semana. La LOT vigente establece 44 horas/semana, estamos viendo que es posible reducirlas a 42, sin que eso afecte de forma severa los procesos productivos de las empresas de bienes o servicios que trabajan de forma continua», explicó.
De acuerdo con las proyecciones, «eso no implicaría un trauma, ni la generación de otro turno ni, en consecuencia, el incremento de 25% en costos de personal. En todo caso, la sabiduría popular, los aportes de los trabajadores, nos permitirá concluir un instrumento que sea de utilidad para todos».
Torrealba dijo que la AN ya tiene sistematizadas más de 12.000 propuestas de trabajadores, sectores empresariales y otros actores involucrados, sobre temas como la jornada, la tercerización de empleados, las prestaciones sociales y el permiso pre y postnatal.
«Tenemos que alcanzar una ley que sea inexorable, que no deje huequitos por donde puedan cometerse fraudes (…). Hay que devolverle al Estado la posibilidad de imponer sanciones severas a los patrones que violen los derechos de los trabajadores, sean del sector privado o público», agregó.
El 10 de noviembre pasado, cuando aceptó dirigir el proyecto, el presidente Chávez dijo que la nueva LOT sería promulgada para el 1º de mayo de 2012 y que, más allá de recuperar y ampliar beneficios suprimidos en 1997, durante el Gobierno de Rafael Caldera, el instrumento debía acelerar la transición hacia un nuevo modelo económico.