La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas tiene un profundo carácter social para proteger al débil jurídico, aseveró este lunes el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina.
«La Ley, que fue la primera construida y elaborada por el pueblo y las organizaciones populares, tiene una carga proteccionista al débil jurídico (…) que en este caso son dos de los tres actores: el inquilino y el pequeño propietario», expresó durante el programa Entre Todos que transmite Venezolana de Televisión.
Señaló que antes de la aprobación de la referida herramienta legal, publicada en Gaceta Oficial en noviembre de 2011, «los inquilinos estaban a la buena de Dios y al mal del propietario». En este sentido, recordó que previo a la promulgación de la Ley, «se vieron desalojos de familias enteras sin importar si había niños, así como el desalojo a parejas de adultos mayores (…) por eso nos abocamos a ponerle freno a los desmanes de los propietarios».
A su juicio, sin embargo, existe la necesidad de revisar la normativa para ajustarla de acuerdo a la nueva ofensiva económica, y garantizar tanto a inquilino como a propietario la protección de sus bienes y el derecho a arrendar a precios justos.
Del mismo modo, apuntó que se prevé promover la inversión probada en la construcción de viviendas para alquilar, «para ello vamos a tener que proponer algunas modificaciones a la actual Ley, vamos a discutirlo, es un trabajo en el que deben confluir todos los sectores».
Subrayó que con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas se rescató el derecho y la seguridad de las familias en condición de inquilinos.