El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Robert Serra, expresó este miércoles que en el derecho internacional prevalece el principio de la Supremacía constitucional, lo que se traduce, en que la Constitución Nacional de cada país, es el máximo órgano jurídico a seguir y a respetar por todos sus ciudadanos.
“En el derecho internacional existe un principio de Supremacía Constitucional, es decir, es la Constitución Nacional el máximo órgano jurídico de la patria, eso lo refleja el artículo 7 de la Constitución Bolivariana”, afirmó Serra.
El referido artículo establece que «la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución».
Serra explicó que el derecho internacional no está por encima de lo establecido en las normativas soberanas vigentes en la Carta Magna. Al respecto, agregó que la Ley Fundamental faculta en su artículo N° 274 al Poder Moral, a través del Contralor General de la República, para investigar y sancionar hechos de corrupción.
Acotó que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que se reserva la facultad de analizar y establecer la decisión final en cualquier situación de este tipo.
Durante una entrevista realizada en el espacio Toda Venezuela difundido por Venezolana de televisión, Robert Serra se pronunció con relación al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que favorece al político opositor Leopoldo López, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por haber cometido actos de corrupción durante su gestión como Alcalde de Chacao.
El ex alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, fue inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República en 2006, por el desvío de partidas (recursos orientados a fines distintos a los previstos originalmente) de la Alcaldía de Chacao por un monto superior a los 2.200 millones de bolívares.
Antes de estos hechos, era investigado por una “donación” de 60 millones de bolívares que recibió por parte de Petróleos de Venezuela para su partido político Primero Justicia, cuando era funcionario de la petrolera estatal, al igual que su progenitora, quien gestionó y procuró la entrega del dinero, sin sustento legal.
Aunque fue evidenciado el mal manejo de fondos públicos en los que está involucrado este ex funcionario, la Corte IDH se pronunció a favor de su habilitación, sin importar la decisión soberana ejecutada por la Contraloría General de la República.