- Diputado Freddy Bernal
Uno de los artículos de la Ley de Desarme y Control de Municiones contempla entre 18 y 22 años de cárcel para aquel funcionario civil o militar que trafique con armas de fuego y municiones en los centros carcelarios, informó este lunes el diputado socialista ante la Asamblea Nacional Freddy Bernal.
«Como lo que está en juego es la preservación de la vida y la dignidad humana hay que ser extremadamente severos en la aplicación de la sanción», expresó el también presidente de la Comisión Especial para el Desarme del Parlamento.
Durante su participación en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión, Bernal dijo que con esta medida se busca que el funcionario que incurra en ese «delito no reciba una medida cautelar y no se burle la autoridad».
Además, manifestó que el instrumento jurídico, aprobado el pasado miércoles en la Comisión de Política Interior de la AN, es muy severo en cuanto a las sanciones para civiles dedicados a la comercialización ilegal de armas de fuego, accesorios o municiones, quienes podrán pagar 15 años de cárcel.
También habrán penas accesorias, es decir, «si una persona está traficando armas de fuego desde un polígono, se las encontró en un avión, vehículo o finca, además de las sanciones de carácter penal previstas en esta ley, se les confiscarán los bienes».
«Esto tiene pena de prohibición de (ejercer) cargos públicos entre 15 y 20 años. El que incurra en este delito no sólo será objeto de sanción de carácter penal del decomiso sino que recibirá penas accesorias», agregó.
MAYORÍA DE HOMICIDIOS SE COMETEN CON ARMAS DE FUEGO
Según datos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 92% de los homicidios en Venezuela son cometidos con armas de fuego, en 74% de los robos también se usa armamento y en 90% de los asesinatos se utilizan municiones de fabricación nacional.
Asimismo, 73% de la población aprueba la suspensión del porte de arma y considera que tener un arma en la casa constituye un riesgo.
Al respecto, el legislador expuso que con esta norma portar un arma en Venezuela no será un derecho, sino un privilegio, al mismo tiempo agregó que todas las encuestas realizadas sobre la materia evidencian que la mayoría de los venezolanos que tienen un arma y han sido objeto de un robo son heridos con su mismo armamento.
Manifestó que por ello la Ley de Desarme es muy severa en cuanto a los requisitos para tener un arma de fuego, entre los cuales está hacer un examen psicológico, psicotécnico y psiquiátrico al interesado, además de dar la debida justificación ante las autoridades competentes.
Además, se estableció una edad mínima de 25 años para poseer un arma de fuego y se limita a 50 municiones por persona, y «cuando va al siguiente año a comprar tiene que comprobar que ya se gastó y en qué las 50 anteriores».
«A partir de esta ley el único que importa, exporta, comercializa armas de fuego, municiones y accesorios es Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares)», añadió.
ARMAS INCAUTADAS SERÁN DESTRUIDAS
Bernal añadió que con la nueva Ley de Desarme, cuya discusión en plenaria está prevista para la próxima semana, destruirán todas las armas que incauten los cuerpos de seguridad, lo que harán luego de la correspondiente revisión de las mismas.
Agregó que hasta ahora hay 200 mil armas en las salas de evidencias y la norma permitirá destruirlas de inmediato, mientras que después de la aprobación del instrumento legal darán 45 días para que la Fiscalía compruebe que las incautadas están relacionadas con algún delito para proceder a su destrucción.