Según la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), el desabastecimiento de medicamentos en este momento sería de 70%. La situación se complica aún más en el estado Nueva Esparta por dificultades en el transporte de las medicinas, alertó el organismo.
Freddy Ceballos, presidente de la federación, precisó que las medicinas que presentan más fallas son las prescritas para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, así como psicotrópicos, insulina, pomadas para quemaduras y antihipertensivos. Tampoco se consigue el anticonvulsivo fenobarbital.
Ceballos pidió al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Salud, Henry Ventura, que intervengan para garantizar el abastecimiento de medicamentos. También planteó que se debe evaluar la imposición de nuevos tributos “que ahogan al sector”.
“No aguantamos más, la situación es muy grave. No hay divisas, no hay medicamentos”, expresó.
Instó al Estado a no importar fármacos que pueden producirse en el país: “Hay que revisar esa política”.
PROVIDENCIA SERÍA ILEGAL
Esta semana la Federación Farmacéutica Venezolana introdujo un recurso ante el Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria en el cual se pide la derogación de la providencia que estipula el cobro de impuestos a las farmacias, publicada en junio de este año.
A juicio de Ceballos, la providencia es ilegal y afecta a 6 mil establecimientos farmacéuticos en todo el país.
Indicó que el Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria está facultado para establecer determinadas tasas y tarifas, pero no para crear o modificar hechos imponibles.
Mientras que la ley de timbres fiscales solo habilita al organismo para la recaudación de tributos, explicó.
Mencionó que el reglamento orgánico del Ministerio de Salud solo le confiere la atribución de cobrar las tasas, “pero no le autoriza para crear o modificar” las existentes.
En cuanto a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se prohíbe la creación de impuestos por la vía de actos administrativos.
“Solo por ley se pueden crear tributos”, y la Contraloría Sanitaria no ejerce funciones tributarias, opinó.
Durante la rueda de prensa agregó: “La relación jurídico tributaria es una relación de derecho, y no una relación de poder. Y por tratarse de una violación de las normas constitucionales consideramos que la norma se encuentra suspendida de pleno derecho”.
Ceballos consideró que a los farmacéuticos los asiste la ley, por eso espera que el estado de derecho y la justicia venezolana se impongan.
Al Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria le exigió que cese el supuesto acoso a las farmacias.
“Las farmacias están siendo acosadas”, a pesar que el organismo estableció cuatro meses (contados a partir de septiembre) para la renovación de los registros, apuntó.
En este sentido, dijo que el lapso establecido también viola el artículo 31 del reglamento de la Ley del Ejercicio de la Farmacia que señala que cuando una farmacia se registra, se le asigna un número y un certificado.
PERMISO SIN SUSTENTO
Especificó que se establecieron 100 unidades tributarias para el pago de permisos de funcionamiento para las nuevas farmacias que no están previstos en la ley.
Para la solicitud de instalación habrá que cancelar 80 unidades tributarias. Al momento de la entrega del permiso deben pagar 120 unidades tributarias adicionales.
Para los establecimientos farmacéuticos en funcionamiento se exige el pago de 120 unidades tributarias para la obtención del permiso de venta al detal de insumos médicos, como inyectadoras.
Según Ceballos, las farmacias enfrentan problemas económicos y no tienen capacidad de pago.