La Comisión Técnica Estadal para la Ordenación del Territorio en el estado Mérida declaró incompetente a la alcaldía del municipio Libertador para ordenar la paralización de la construcción de un gimnasio vertical en esa jurisdicción.
El anuncio fue hecho este viernes en la instalación plenaria de la instancia para el ordenamiento territorial en la entidad merideña, actividad que fue presidida por el Gobernador Alexis Ramírez y en la que participaron representantes del Ministerio de Ambiente, del Instituto Nacional de Parques, de la Procuraduría del estado y especialistas en ordenamiento territorial, entre otros entes.
La comisión evaluó la incompetencia legal y técnica del ayuntamiento capital de Mérida manejado por el burgomaestre Carlos García (Primero Justicia) para paralizar la construcción de un gimnasio vertical en el estacionamiento de la plaza de toros de la jurisdicción, obra que es ejecutada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el contexto de la la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
El jefe del ejecutivo estadal destacó que esta obra para el municipio Libertador es la primera de una fase inicial de tres canchas de paz previstas para el estado, dos de las cuales se construirán en los municipios Campo Elías y Alberto Adriani, localidades cuyas autoridades, a pesar de sus inclinaciones políticas adversas al Gobierno, no han obstaculizado los proyectos ejecutados en procura del bienestar social.
Ramírez denunció que en el ayuntamiento capital merideño prevalecen las preferencias a sectores privados dedicados a la construcción de centros comerciales, al tiempo que se generan trabas a los proyectos por la paz y la vida destinados a fortalecer el desarrollo social.
Gobierno ajustado a derecho
Carlos Alvarado, geógrafo especializado en ordenamiento territorial, destacó que el terreno donde se construye el gimnasio vertical es un área de uso restringido tipo 4 perteneciente al parque metropolitano Albarregas.
Precisó que este espacio es competencia del Instituto Nacional de Parques y del Ministerio de Ambiente, instancias ante las cuales fueron tramitados los permisos desde el mes de noviembre, incluidas las variables de impacto ambiental.
«El Ministerio de Ambiente ya recibió todos los documentos pertinentes, incluidos los levantamientos topográficos, el estudio de suelo y el proyecto. Simplemente la alcaldía se está negando a dar un permiso de construcción a una obra de interés nacional», subrayó.
Ernesto Arends, director estadal del Ministerio de Ambiente, destacó que el proyecto del gimnasio vertical es el primer paso «para convertir la plaza de toros en la plaza de todos», y subrayó que se hace necesaria la adecuación del Plan de Ordenamiento Territorial de 1992 y de otras leyes a los dictámenes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Juan Luis Suárez, Procurador del estado Mérida, refirió que tras una exhaustiva revisión jurídica, la Procuraduría ha determinado que el Estado venezolano ajustado inherentemente a derecho, ha dispuesto ejecutar una obra de interés colectivo en el contexto de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
«El Estado siempre está apegado a la legalidad y al Gobierno le está permitido relajar sin obviar formalidades legales no esenciales. No puede el alcalde en desconocimiento de sus atribuciones y competencias, pretender paralizar una obra ejecutada por la Presidencia de la República y la Gobernación del estado, porque no se haya cumplido una formalidad, que además, fue cumplida ante Inparques y el Ministerio de Ambiente», aclaró.
Destacó que la ejecución de esta importante obra obedece a principios de rango constitucional como es la garantía del derecho al deporte, la recreación, la seguridad ciudadana y a la cultura.
En fecha 22 de enero de 2014 la alcaldía del municipio Libertador ordenó a través de su departamento de permisología e inspección la paralización de la construcción de un gimnasio vertical en terrenos contiguos a la plaza de toros de la entidad, bajo la argumentación de que la obra no contaba con los documentos aprobatorios por parte del ayuntamiento.