El análisis de viabilidad económica es el estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto.
En el proyecto de ley de bono de alimentación ese tema ha sido fundamental porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo consideró ajustado a la norma constitucional, pero objetó el monto del beneficio por considerarlo muy alto en relación al Presupuesto Nacional, y por tanto, recomendó que sea discutido entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional (AN). También es lógico que se determine de dónde saldrán esos recursos, bien por la vía de un excedente de las ganancias petroleras, del aumento de la gasolina o por imposición tributaria.
Al margen de esas objeciones, es evidente que los pensionados y jubilados desean obtener dicho beneficio por cuanto el monto del salario mínimo es insuficiente para cumplir con el objetivo de obtener los alimentos y medicinas.
A nuestro juicio, esa discusión es coyuntural derivada de un proyecto de ley. Sin embargo, la viabilidad económica que necesita discusión es la referente a la capitalización a futuro del Fondo de Seguridad Social.
Recordamos que Rigoberto Orta Luciani, actuario y profesor universitario, a quien visité por intermedio de un amigo, me enseñó las Actas de la comisión redactora en la cual ellos recomendaban a Raúl Leoni, presidente de la República, que se comenzara a capitalizar el Fondo de Pensiones durante cinco (5) años para iniciar el pago de pensiones. Esa orientación se cumplió y aunque no existían suficientes recursos, el presidente Rafael Caldera entregó la primera pensión en 1971.
Ese ejemplo positivo debe repetirse. Con altos o bajo precios del barril petrolero, siempre es posible destinar un pequeño porcentaje de las ganancias en dólares para capitalizarlos, lo que el movimiento de pensionados ha denominado “Una gota de petróleo para las pensiones”.