La Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Guárico realizó un procedimiento en el municipio Ortiz, junto al Ministerio Público, en el que detectó posibles causas del daño ambiental denunciado por las comunidades del sector Los Robles, que aseguraron que como consecuencia de la actividad productiva de una granja se ha afectado la fauna marina en el Río Paya.
El comandante de la Zodi Guárico, vicealmirante José Francisco Torrealba, explicó este miércoles que luego de recibir denuncias del Poder Popular se procedió a designar una comisión integrada por el Ministerio Público y la Guardia Nacional Bolivariana para conocer las causas de la muerte de una gran cantidad de peces y por qué ha desmejorado la calidad del agua a lo largo del cauce hídrico.
«Una vez en el lugar, las comisiones evidenciaron que en una zona determinada del río se percibía la presencia de desechos orgánicos y sólidos, presuntamente como consecuencia de la actividad de producción de huevos y gallinas de unos 11 galpones pertenecientes a Granja La Paz Mundial, ubicada en la Carretera Nacional San Juan-Dos Caminos, específicamente en el sector Los Robles», explicó.
Señaló que en la granja hay una población de 140.000 gallinas ponedoras, pero la misma no posee sistemas para el manejo adecuado de desechos sólidos y detalló que la inspección permitió evidenciar la descarga directa al Río Paya de material contaminante.
«El procedimiento ya fue notificado al fiscal ambiental de Guárico, Neomar León, y esperamos que se aplique la ley y se corrija este deterioro ambiental que afecta la vida, no sólo de las especies del río sino de las familias que viven en las zonas adyacentes y que se benefician de las aguas que fluyen por el arroyo», señaló.
El funcionario hizo un llamado a la población a que se sume a las labores que realiza la Zodi Guárico en pro del resguardo ambiental y destacó que ante cualquier eventualidad el Poder Popular organizado debe denunciar y contribuir con los organismos de seguridad y el Ministerio Público para atacar las irregularidades que afecten el buen vivir de la población, asumiendo así el precepto constitucional de la corresponsabilidad.