La Dirección de Armas y Explosivos (Daex), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, es el único organismo responsable de la fabricación, distribución, importación, comercialización y resguardo de armas de fuego y municiones, según lo establecido en la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Así lo indicó el presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, diputado Freddy Bernal, al ser entrevistado por Carlos Croes en el programa Diálogo con… que se trasmite en Televén. El parlamentario afirmó que las armerías deben ir cambiando de ramo comercial y cesar la venta de armas de fuego y municiones por la seguridad del país.
Aclaró que la exigencia no deja sin empleo a los trabajadores de estos locales porque no se obliga a cerrar sus puertas, sino a cambiar de actividad comercial.
“Se acabaron las armerías. Cuando llegamos al Gobierno habían dos mil armerías, y hasta hace poco quedaban 80 que desde el año pasado comenzaron a cambiar el ramo para adaptarse a este nuevo plan”, dijo.
Sobre la regulación del porte de arma, informó que quienes tengan algún tipo de armamento y municiones tienen 180 días, una vez publicada la Ley, para legalizarla ante el Daex. “Nosotros preferimos que quien tiene un arma de carácter irregular ahorita la presente al Estado, la regularicemos, a que esa arma siga por ahí”.
De igual manera, quienes posean el certificado de porte de arma, deben iniciar los trámites para su renovación en un lapso de 60 días antes de su vencimiento. De lo contrario será revocado automáticamente.
Recordó que la nueva ley establece 14 requisitos para el porte de arma, entre los que destacan: ser mayor de 25 años, ser sometido a una evaluación psiquiátrica, poseer un curso comprobable de destreza en el manejo de armas, los requisitos civiles de Ley y tener una verdadera justificación para el uso de armas.
Bernal destacó que una de las fortalezas de la normativa es ordenar el marcaje y registro más severo de las armas y municiones, lo cual permitirá hacer una investigación del delito de homicidio más efectiva y así combatir la impunidad. Considera que al ejercer el marcaje de municiones y armas hay un mejor control, eso hará que progresivamente vayan desapareciendo las armas ilegales y los delitos.
Sobre las sanciones, se establece como agravante el porte en sitio prohibido y el uso indebido o abusivo que los funcionarios públicos y de seguridad le den a las armas.
Hay penas de hasta 22 años de prisión, en el caso de los funcionarios que permitan el ingreso de armas en los recintos penitenciarios. “Las penas son más severas según la función pública”, dijo.
Está prohibido el porte de armas en espacios en educativo, religioso, construcciones civil o públicas, manifestaciones públicas y electorales, por considerarse que en esos lugares se promueven el delito o elementos que pueden terminar en actos criminales.