El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo el estado de sitio en el país luego de un fin de semana marcado por motines carcelarios, ataques armados y el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en una de las mayores crisis de seguridad desde que asumió el poder en enero de 2024.
La violencia estalló el sábado con motines simultáneos en tres centros penitenciarios, protagonizados por miembros de la pandilla Barrio 18, que derivaron en la toma de decenas de rehenes. Los hechos se trasladaron rápidamente a las calles de Ciudad de Guatemala y sus alrededores, donde se registraron al menos 10 ataques coordinados contra sedes policiales, dejando además una decena de uniformados heridos.
Las agresiones ocurrieron poco después de que la PNC informara sobre la captura de Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, máximo líder de Barrio 18, condenado a cerca de 2.000 años de prisión. Según las autoridades, los motines buscaban presionar para lograr su traslado a un penal con mayores privilegios, así como beneficios penitenciarios para otros integrantes de la estructura criminal.
En un mensaje a la nación, Arévalo afirmó que “los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”, y sostuvo que los ataques fueron una represalia directa a las acciones del Gobierno para desarticular las pandillas y aislar a sus líderes. El mandatario aseguró que las “estructuras político-criminales” vinculadas a estos grupos también serán desmanteladas.
El estado de sitio, que deberá ser ratificado por el Congreso y tendrá una vigencia inicial de 30 días, suspende derechos como la libre reunión y permite detenciones sin orden judicial. Además, el Ejecutivo decretó tres días de luto nacional y la suspensión de clases este lunes como medida preventiva.
Guatemala arrastra una escalada de violencia desde 2025, año en el que se registraron más de 3.000 muertes violentas, según cifras oficiales. El Gobierno de Arévalo ha respondido con una ley antipandillas, operativos policiales y reformas penitenciarias, incluida la estrategia de aislar a los cabecillas, una medida que, de acuerdo con las autoridades, detonó el estallido violento del pasado fin de semana.