El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció este lunes, 23 de febrero de 2026, una «sistemática campaña» contra su país ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gil afirmó que esta campaña fue una «operación política disfrazada de debate jurídico», que ha llevado al congelamiento de activos y a la estigmatización, criminalización y xenofobia contra los migrantes venezolanos.
Estas acciones, según el diplomático, incluyeron la dictadura de centros de detención degradantes y tratamientos inhumanos que constituyen violaciones graves a los Derechos Humanos, hechos que han sido de conocimiento mundial y de la burocracia del sistema multilateral.
El representante venezolano recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado resoluciones reiteradas que reconocen la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales al ser contrarias al derecho internacional. Estas medidas, añadió, generan graves impactos en el disfrute de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales.
Asimismo, precisó que este mismo Consejo de Derechos Humanos ha advertido sobre los efectos negativos de estas acciones en el acceso a la salud, la alimentación, el desarrollo y la vida digna de los pueblos africanos, subrayando que no deben utilizarse como instrumento de presión política.
Gil también hizo referencia a una acción militar ilegal de extrema gravedad ocurrida el 3 de enero de 2026 contra Venezuela, que resultó en más de 100 víctimas mortales y en el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa, la primera dama Cilia Flores, quienes se encontraban en ejercicio pleno de sus funciones.
El canciller reiteró que el Gobierno Bolivariano ha sido siempre impulsor del diálogo nacional y reconciliación, por lo que actualmente, trabaja en un proceso de reconocimiento de heridas, perdón y reencuentro.
En tal sentido, Gil se refirió a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática 2026, aprobada recientemente, es un instrumento orientado a consolidar la paz y la reconciliación nacional, garantizando seguridad jurídica y justicia restaurativa sin permitir impunidad en delitos graves como lesa humanidad, homicidio intencional o acciones contra la soberanía. Esta ley crea una comisión especial de seguimiento, reafirmando que Venezuela resuelve sus asuntos internos con su propio marco constitucional y en defensa de la convivencia democrática.
Yván Gil expresó su profunda preocupación por la selectividad en el escrutinio de los Derechos Humanos. Mientras algunos países son sometidos a escrutinio constante y desproporcionado, tragedias de enorme magnitud, como la devastación del pueblo palestino, no reciben la atención firme y proporcional que exige el derecho internacional y la conciencia humana.
El canciller insistió en que el Consejo de Derechos Humanos no debe convertirse en un escenario de geopolítica selectiva y debe recuperar su credibilidad como espacio imparcial, universal y comprometido con todos los pueblos. Venezuela, afirmó estar comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones y la cooperación internacional basada en el respeto mutuo, habiendo reanudado la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con diálogo técnico basado en el respeto a la soberanía.
El diplomático venezolano culminó su intervención demandando con voz firme cuatro acciones cruciales: primero, el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales que han vulnerado los derechos humanos económicos, sociales y culturales de millones de venezolanos; segundo, el respeto a la soberanía de los estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas; tercero, una agenda de derechos humanos que no eluda las grandes tragedias del mundo; y cuarto, la inmediata liberación por parte del Gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores.
Finalmente, Gil precisó que Venezuela seguirá defendiendo su independencia, dignidad y los derechos de su pueblo con diplomacia, la palabra y la convicción profunda de que la paz es el bien supremo de la humanidad.